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Los ayuntamientos catalanes que participen en el referéndum se enfrentarán a multas – Málaga 24h

Los ayuntamientos catalanes que estén dispuestos a participar en el referéndum independentista anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre se enfrentan a graves sanciones.
Si la colaboración que prestan implica la cesión de datos del padrón para la elaboración de un censo electoral estas multas podrían alcanzar hasta los 600.000 euros . Según lo estipulado en las leyes de Régimen Local y de Protección de Datos, se trataría de una infracción muy grave.

Concretamente, la cesión de datos de los ciudadanos a otra Administración, en este caso la Generalitat, para un fin ilícito violentaría el artículo 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual los datos del padrón municipal se cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado.
También incumpliría el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que, como la anterior, señala que dicha información no puede ser comunicada a otras administraciones para el ejercicio de competencias diferentes a las que le confiere la ley.
Y la Generalitat en ningún caso puede arrogarse, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional y ha recordado el Consejo de Garantías Estatutarias catalán, la facultad de convocar una consulta que, además, afectaría de lleno al contenido de preceptos blindados de la Carta Magna en los que se consagra que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y la indivisible unidad de la nación.

English:The Catalan municipalities that are willing to participate in the independentist referendum announced by the President of the Generalitat, Carles Puigdemont, on October 1 face serious sanctions.
If the collaboration they provide involves the transfer of data from the register for the preparation of an electoral roll, these fines could reach up to 600,000 euros. As stipulated in the Local Regime and Data Protection laws, this would be a very serious infringement.

Specifically, the transfer of data of citizens to another Administration, in this case the Generalitat, for an illicit purpose would violate Article 16.3 of the Law Regulating the Bases of Local Regime, according to which the data of the municipal registry will be ceded to other Public administrations that request it without the prior consent of the affected party.
It would also violate Article 21 of the Law on Personal Data Protection, which, like the previous one, states that such information can not be communicated to other administrations for the exercise of powers other than those conferred by law.
In any case, the Generalitat can not argue, as the Constitutional Court has pointed out, and recalled the Catalan Statutory Guarantees Council, the power to convene a consultation which, in addition, would completely affect the content of armored precepts of the Constitution in Which is enshrined that national sovereignty resides in the whole of the Spanish people and the indivisible unity of the nation.

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