La Fiscalía ordena a las fuerzas de seguridad que actúen ante delitos de sedición

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Español: El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos d’Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista catalán se produjeran «delitos contra la forma de Gobierno», en los que se enmarcarían también la sedición o rebelión.
En una instrucción, el fiscal Javier Zaragoza afirma que la Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, con lo que quedarían fuera los diputados autonómicos y los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, que serían investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en su caso, el Supremo.
De esta manera, esta resolución sí afectaría a los restantes partícipes en los actos independentistas, como podrían ser «otras autoridades, funcionarios públicos o particulares».
Este delito de sedición, penado con entre 10 y 15 años de prisión, podría conllevar también los de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y el uso indebido de fondos públicos, que serían competencia de la Audiencia Nacional como delitos conexos.

English: The chief prosecutor of the High Court has ordered the Autonomous Police, the National Police and the Civil Guard to act if «crimes against the form of government» is produced in the Catalan independence process, in which also would frame sedition or rebellion.
In a statement, the prosecutor Javier Zaragoza said that the High Court would have jurisdiction to act against ungauged people, which would exclude regional deputies and members of the Governing Council of the Government, to be investigated in the Superior Court of Justice of Catalonia and, where appropriate, the Supreme.
Thus, this resolution itself affect the remaining participants in the independence acts as could be «other authorities, public officials or private individuals».
This crime of sedition, punishable by between 10 and 15 years in prison, could also lead to the of corruption, disobedience, usurpation of authority and misuse of public funds, which would be the responsibility of the National Court and related crimes.