Un juez ordena exhumar el cuerpo de Ruiz-Mateos para realizar prueba de paternidad -Málaga 24h TV

El juez ha autorizado la exhumación del cuerpo de José María Ruiz-Mateos, fallecido en septiembre de 2015, para realizar una prueba de paternidad mediante el cotejo de su ADN con el de Adela Montes de Oca, quien dice ser hija suya. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozuelo de Alarcón, ha ordenado la exhumación en un auto en el que accede a la petición de la demandante de acuerdo con el criterio del fiscal y en contra del de los hijos del empresario.

La prueba se hará garantizando la “integridad, respeto y memoria” del fallecido, según el auto, que emplaza a la viuda y a los 12 hijos a que manifiesten si desean asistir a la exhumación. La familia de Ruiz-Mateos considera que son medidas desproporcionadas e ilegítimas, y argumenta que “si el fallecido no llegó a ejercitar en vida su derecho a negarse a dicha prueba por no ser requerido al efecto, no puede procederse ahora sin el consentimiento de la viuda y los hijos”.

Pero la cuestión es que el mismo juez ordenó en octubre de 2014, cuando aún vivía el empresario, la prueba genética. El empresario fue citado en tres ocasiones para la extracción de muestras y en ninguna de ellas se presentó ni ofreció explicación alguna. Posteriormente, pidió el sobreseimiento de la causa como consecuencia de “una enfermedad muy grave con padecimientos incurables” que le impediría ir a juicio, y poco después murió. De hecho, el juez ordenó impedir la incineración de sus restos hasta que no terminara el actual procedimiento.

English:The judge has authorized the exhumation of the body of José María Ruiz-Mateos, who died in September 2015, to perform a paternity test by comparing his DNA with that of Adela Montes de Oca, who claims to be his daughter. The holder of the Court of First Instance and Instruction number 2 of Pozuelo de Alarcón, has ordered the exhumation in a car in which it accedes to the petition of the plaintiff in agreement with the criterion of the prosecutor and against that of the children of the entrepreneur.

The test will be done guaranteeing the «integrity, respect and memory» of the deceased, according to the order, which appoints the widow and the 12 children to express if they wish to attend the exhumation. Ruiz-Mateos’s family considers them to be disproportionate and illegitimate measures, and argues that «if the deceased did not live his right to refuse such evidence because he was not required to do so, he can not proceed now without the consent of the deceased. Widow and children. »

But the point is that the same judge ordered the genetic test in October 2014, when the businessman was still alive. The businessman was summoned on three occasions for the extraction of samples and in none of them was he presented or offered any explanation. Later, he asked for the dismissal of the case as a result of «a very serious illness with incurable diseases» that would prevent him from going to trial, and shortly after he died. In fact, the judge ordered to prevent the incineration of his remains until the current procedure was finished.
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